martes, 22 de febrero de 2011

3. Las convulsas consecuencias del poder

Reportaje n.3 Bolivia 22-02-11


MJ.Vargas
Puede ser bueno mirar hacia otro lado, siempre que el peligro no se encuentre cerca. Febrero no está siendo un mes fácil para Bolivia, incluso a juzgar por las últimas tormentas sociales todo apunta a que éste será el año que ponga a prueba los paraguas monetarios y fiscales del gobierno de Evo Morales.
Durante las últimas semanas diferentes sectores han secundado con éxito huelgas en las principales ciudades del país.
Primero fue el gasolinazo, una medida con la que el gobierno pretendía incrementar el precio de los carburantes líquidos en más de un 80%, actuación en la que tuvo que recular por las innumerables protestas ciudadanas. Situación que han sabido aprovechar magistralmente para publicitar su política empapelando el país con lemas como “Evo cumple, Bolivia cambia”. Lo cuál es cierto. Bolivia cambia y lo hace a un ritmo convulso que está provocando enfrentamientos entre los propios ciudadanos del país. Sin embargo, a juzgar por las palabras del  presidente y de su equipo de gobierno, todo marcha bien.
Pero el panorama real es muy distinto a los ojos de cualquier extranjero que es sorprendido, al visitar este enorme paraíso de recursos naturales, por la pobreza extrema en la que viven miles de familias, mientras se simula normalidad.
Y es que lo habitual no es ver a la gente haciendo cola desde el amanecer a las puertas de una tienda de barrio para conseguir azúcar, y aquí pasa. Productos tan básicos como el azúcar, importantísimos en el desarrollo infantil, han desaparecido prácticamente del mercado, lo que ha agudizado la pillería de muchos. Ha sido imposible conseguir azúcar en estas últimas semanas, el precio del pollo se ha casi duplicado pasando de los 9 a los 17 pesos el kilo cuando por control estatal no debería superar los 12 bolivianos.
Pero la situación no acaba aquí, a las incesantes protestas que han protagonizado los ciudadanos por el aumento del precio de la cesta de la compra se han sumado las manifestaciones por la subida de costos del transporte público, a consecuencia de que las tarifas no se revisaban desde hace once años, lo que ha provocado confrontaciones entre los intereses de los usuarios y el gremio de transportistas.
Llegados a este punto, cabe interesarse por el papel mediador que deben estar cumpliendo los sindicatos para acercar posturas entre gobierno y trabajadores. La respuesta es desconcertante. En lugar de plantear algo accesible, exigen al Ejecutivo un salario mínimo de 8.300 bolivianos, lo que significa 1.200% más de lo que se cobra en la actualidad (680 bs). De forma que pensar que los comportamientos de este sistema económico responden a un planteamiento lógico, es perdernos en innumerables cuestiones que no vamos a poder fundamentar fruto de la idiosincrasia de la sociedad boliviana. Una población, instalada en el conflicto, como consecuencia de los altos índices de analfabetismo y pobreza. Esto les lleva a plantear, a veces, cuestiones que nos pueden parecer ilógicas, pero que cuando se observan de cerca nos enseñan que su forma de hacerse escuchar es haciendo ruido, mucho ruido, de forma que al gobierno no le quede otra que sentarse a negociar. Los ciudadanos lo saben muy bien, por eso aquí las huelgas tienen un alto índice de seguimiento y plantean grandes objetivos para negociar y conseguir tan sólo, un poquito de lo que se necesita para vivir mejor.
Tal es así que el gobierno conocedor a la perfección de este funcionamiento, pues Evo fue sindicalista, ya ha anunciado un incremento salarial conforme a la inflación del 7.18% lo que sugiere que el abismo existente entre las peticiones de unos y los planteamientos de otros, hace prever un difícil acercamiento de posturas. A lo cual hay que añadir que muchos sindicatos consideran, de partida, que este dato no se corresponde con la realidad.
Mientras tanto, el problema real continúa en la calle donde se producen enfrentamientos que marcan cada vez más las desigualdades económicas y sociales que se viven en el país. Así, como paño de agua caliente, el Ejecutivo aprobará en los próximos días una nueva Ley General de Trabajo que prohíbe el despido libre, una medida que pudiera generar incluso, más desempleo y sumar nuevas protestas a las ya existentes.
Entre tanto, el gobierno asegura que no hay de qué preocuparse y como viene siendo habitual en otras culturas lo más fácil, es culpar al mensajero. De hecho, ministros y Presidente afirman que las protestas vienen provocadas por la oposición y sus periodistas afines. Sin tener en cuenta que el verdadero problema se produce cuando nos obcecamos en ver luz al final del túnel, sin tomar las medidas de seguridad oportunas, pues podría ser que la luz que vemos sea la del tren que viene de frente.